El informe explora 30 años de regulación de la Administración digital en España poniendo de manifiesto la posición destacada del país en la Unión Europea respecto a servicios digitales, su buena percepción ciudadana, y la relevancia propia del proceso de digitalización de las Comunidades Autónomas.

Establece diferentes recomendaciones basadas en políticas recientes y enfatiza la importancia de la interoperabilidad y la cooperación entre Administraciones digitales para conseguir un mayor grado de eficiencia. Los desafíos éticos y regulatorios, junto con la protección de derechos digitales, son también un centro importante de atención en el informe.

Entre las propuestas de políticas públicas que ofrece el documento destacan, entre otras, la necesidad de una reinvención de la organización y la gobernanza de las entidades públicas, poniendo lo digital en la base de una estrategia integral y conjunta de la organización; fomentar el uso de tecnologías digitales como parte integral de las estrategias de modernización de los gobiernos para crear valor público; establecer un marco jurídico claro para el manejo de datos personales por parte de las administraciones, para mejorar así la eficiencia de los servicios públicos y fomentar el uso de servicios en la nube, big data y datos abiertos; o lograr que el 100% de los servicios públicos clave estén disponibles en línea para ciudadanos y empresas de modo que se alcance el objetivo fijado por la Década Digital de la UE.