El 10 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una nueva Estrategia Industrial para ayudar a la industria de la UE a liderar las transformaciones ecológica y digital e impulsar la competitividad y la autonomía estratégica de Europa. En la actualización de 2021 de la Estrategia Industrial, la Comisión ha identificado el comercio minorista como uno de los 14 ecosistemas industriales cruciales para la recuperación de la economía de la UE. El objetivo principal del documento es aprovechar las iniciativas existentes pertinentes para el ecosistema, facilitar su ejecución, y también potenciar la colaboración de los agentes para apoyar la transición.

En el proceso de cocreación, las partes interesadas han subrayado la importancia de un marco regulatorio de apoyo a nivel de la UE, nacional y local, para garantizar que las empresas puedan adoptar la doble transición, aumentar su resiliencia y hacer pleno uso del Mercado Único. Asimismo, destacaron la reducción de la carga administrativa y el coste del cumplimiento como condición necesaria para apoyar a las empresas en la transición. En el ámbito digital, señalaron que no en todas partes existe una infraestructura suficientemente avanzada. Existen diferencias importantes entre los Estados miembros y dentro de ellos, especialmente en las zonas rurales y remotas. También dieron alta prioridad a un marco regulatorio suficientemente claro y aplicado adecuadamente que ofrezca una garantía para preservar los derechos de propiedad intelectual (PI), los secretos comerciales y la confidencialidad de los datos. Otra cuestión planteada fue la de los obstáculos al desarrollo del comercio electrónico transfronterizo. Las partes interesadas afirmaron que es necesario desarrollar una mejor comprensión de lo que impide a los comerciantes en línea vender activamente en el extranjero y/o enviar productos a través de fronteras y abordar las barreras existentes. En cuanto a la transición verde, la falta de infraestructura adecuada está ralentizando o incluso impidiendo que se produzca. Si bien proporcionar la infraestructura necesaria para la transición verde es responsabilidad de los Estados miembros a nivel nacional, regional o local, aquí también las partes interesadas consideraron que la Comisión debería desempeñar un papel en el seguimiento de la implementación de dichos proyectos y del progreso de las reformas estructurales que permitan la transición.