Este informe, publicado en 2025, ofrece un marco de referencia para impulsar la transformación digital de los sistemas judiciales, con el objetivo de garantizar mayor eficiencia, transparencia y acceso ciudadano. Señala que la justicia enfrenta desafíos estructurales como la sobrecarga de expedientes, la lentitud procesal y la falta de interoperabilidad entre instituciones, lo que limita la confianza ciudadana. La guía plantea que la digitalización debe concebirse no solo como modernización tecnológica, sino como un cambio integral que combine innovación, gobernanza de datos y una visión centrada en el usuario, asegurando el respeto a los derechos fundamentales y la protección de la privacidad.

El documento propone líneas estratégicas como la implantación de expedientes electrónicos, el uso de firmas digitales, la automatización de trámites y el desarrollo de plataformas interoperables entre organismos judiciales, ministerios públicos y servicios penitenciarios. Asimismo, resalta el potencial de la inteligencia artificial para apoyar en la clasificación de casos, la búsqueda de jurisprudencia y la predicción de cargas de trabajo, siempre bajo principios éticos y de supervisión humana. Se destaca también la necesidad de invertir en ciberseguridad y en la capacitación de jueces, fiscales, abogados y personal administrativo para asegurar una adopción efectiva de las nuevas herramientas digitales.

En sus conclusiones, la guía subraya que la transformación digital de la justicia requiere liderazgo institucional, financiamiento sostenible y un enfoque inclusivo que garantice el acceso igualitario, especialmente para colectivos vulnerables. Recomienda implementar marcos normativos flexibles, impulsar proyectos piloto escalables y fomentar la cooperación internacional para compartir buenas prácticas. La digitalización, afirma el informe, no es un fin en sí mismo, sino un medio para fortalecer el Estado de derecho, reducir la desigualdad en el acceso a la justicia y mejorar la calidad democrática en la era digital.