La digitalización ha eliminado en buena parte las barreras físicas para el comercio internacional, lo que supone un reto para los gobiernos desde el punto de vista legal y fiscal. Este reto requiere de una respuesta conjunta para que resulte efectiva y no discriminatoria. España ha optado por aprobar un Proyecto de Ley en línea con la directiva comunitaria propuesta en marzo de 2018 para gravar ciertos servicios digitales, de forma que será el primer país de la UE que se adapta a la estructura prevista por la Comisión Europea. En este estudio se pretende estimar el impacto que la creación de este impuesto supondrá para la economía española.