Este informe examina el concepto de 'interés superior del niño' en relación con el entorno digital, aclarando qué significa y con qué no se debe confundir. Su definición se recoge en el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), y se menciona cada vez más en relación con la provisión de productos y servicios digitales, a menudo con la intención positiva de mejorar las condiciones de vida de la infancia. Se han detectado indicios de que este concepto se está malinterpretando, o incluso se está utilizando indebidamente o abusando de él. Específicamente, en algunos entornos se está empleando para legitimar un enfoque único, independientemente de las diversas circunstancias de los niños, o para sugerir que cualquier derecho individual prevalece sobre todos los demás derechos.

Para investigar la idea de "interés superior del menor" en el ámbito digital, se realizó un análisis documental y revisión de bibliografía académica sobre los derechos de este grupo poblacional, el entorno digital y el interés superior del menor. La búsqueda abarcó múltiples disciplinas y perspectivas a nivel internacional, principalmente en inglés, aunque también se examinó la legislación en otros idiomas. Para garantizar la calidad, se celebró una mesa redonda a la que sólo se invitó a expertos en derechos del niño y en política digital para debatir los resultados y las conclusiones. Asimismo el informe ha sido revisado por parte de dos expertos independientes de la industria y del mundo académico.

Diseñar tecnologías digitales que cumplan con los marcos legales y regulatorios para hacer realidad los derechos de los niños como una norma empresarial transformaría positivamente sus vidas, especialmente cuando sus derechos en su totalidad se anteponen a los intereses comerciales. Esto crearía un entorno digital en el que podrían disfrutar de todos sus derechos. El informe concluye con la obligación de los Estados respecto a mantener el interés superior del niño en relación al espacio digital. Estos, a su vez, establecen el marco dentro del cual los proveedores de servicios digitales, especialmente las empresas, deben revisar cuidadosamente sus posibles impactos para garantizar resultados que beneficien y respeten los derechos infantiles.