Informe que examina la evolución del derecho de petición en España en el contexto digital y señala limitaciones estructurales como su carácter residual y no vinculante. Compara la experiencia española con modelos de Alemania, Reino Unido y Escocia y analiza la incorporación de este derecho a procesos legislativos y de participación mediante plataformas digitales públicas. El documento plantea recomendaciones para aumentar su impacto político, la transparencia institucional y la rendición de cuentas. También conecta la Agenda España Digital, la Carta de Derechos Digitales y las políticas de gobierno abierto, y propone revitalizar la petición como mecanismo efectivo de interacción democrática entre ciudadanía e instituciones.