Compartir infraestructura es un mecanismo con un gran potencial para reducir los costos de ampliar el acceso a la banda ancha. La compartición puede ser una herramienta decisiva para permitir el despliegue de redes fijas (fibra óptica hasta el hogar o FTTH) y móviles (5G) de próxima generación. El objetivo de este informe es evaluar el impacto que el uso compartido de infraestructura tiene en el acceso a servicios de banda ancha y proporcionar recomendaciones para la implementación de políticas y regulaciones.

Tomando como punto de partida la lista de países de la región que han implementado políticas y regulaciones de compartición de infraestructura de manera efectiva, se identifican los municipios para los que se han alcanzado y se determina cuándo se implementaron y si se están utilizando para prestar servicios. Paralelamente se llevó a cabo un análisis a nivel regional en el que se evaluó el impacto de las políticas nacionales de compartido de infraestructura y de su regulación frente a una muestra agrupada de datos subnacionales-municipales de penetración, calidad, precio y accesos de nueva generación.

Más allá del beneficio económico que el uso compartido de infraestructura representa para los operadores de telecomunicaciones, este estudio plantea que además se genera un impacto socioeconómico fundamental: el aumento en la adopción de tecnologías digitales. Los gobiernos deben continuar favoreciendo el impulso de la regulación de la compartición de infraestructura, sobre todo en lo referente a tecnologías inalámbricas, dado que estas contribuyen al cierre de la brecha digital rural. Aunque los acuerdos de red compartida son la forma correcta de abordar el reto de la conectividad en zonas rurales, se reconoce que son difíciles de aplicar sin la intervención del gobierno.