Este documento esboza los enfoques más destacados de las métricas y mediciones en el ámbito de la seguridad digital basándose en un grupo de múltiples partes interesadas compuesto por plataformas, reguladores, proveedores de seguridad, organizaciones no gubernamentales (ONG), académicos y organismos internacionales. Proporciona un enfoque estructurado para comprender y evaluar la seguridad digital promoviendo una comprensión compartida de las métricas entre las partes interesadas.

Basándose en el proceso iterativo para evaluar y abordar los riesgos de seguridad digital establecido en el marco de evaluación de riesgos de seguridad digital de la coalición global del Foro Económico Mundial, este nuevo documento clasifica las métricas de seguridad digital en tres grupos: 1) Impacto: métricas que ilustran las repercusiones en los individuos y proporcionan información sobre las características y patrones de las experiencias vividas; 2) Riesgo: parámetros que permiten detectar y mitigar posibles daños; y 3) Proceso: parámetros que abarcan el planteamiento, la aplicación y los resultados de los sistemas relacionados con la seguridad digital. La aplicación práctica de estas métricas es crucial para evaluar las medidas de seguridad actuales, orientar las mejoras futuras y permitir la rendición de cuentas sobre los servicios digitales.

Las métricas de seguridad digital refuerzan la rendición de cuentas, facultando a las ONG y a los reguladores para supervisar eficazmente a los proveedores de servicios. También sirven como puntos de referencia para la supervisión del cumplimiento, aumentando la confianza de los usuarios en las plataformas, siempre que estén equilibradas con las consideraciones de privacidad y tengan en cuenta la diferenciación entre los servicios. Los proveedores de servicios digitales deben centrarse en qué métricas pueden ser más impactantes en lugar de leer las siguientes recomendaciones como una lista exhaustiva de opciones a adoptar. Así pues, establecer métricas para la seguridad en línea es crucial para la buena gobernanza, ya que promueve la rendición de cuentas, ayuda a la toma de decisiones basada en evidencia, monitorea el progreso, guía la asignación de recursos, facilita la evaluación comparativa, promueve la transparencia y el compromiso y permite evaluar la efectividad de la intervención.