Este documento presenta las principales tendencias y retos políticos en el desarrollo, uso y despliegue de la inteligencia artificial (IA) en el sector público. En primer lugar, analiza los beneficios potenciales y los riesgos específicos asociados a su uso en este ámbito. En segundo lugar, expone cómo puede utilizarse esta tecnología en la administración pública para mejorar la productividad, la capacidad de respuesta y la rendición de cuentas. En tercer lugar, se ofrece una visión general de las principales cuestiones políticas y se presentan ejemplos de cómo las están abordando los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Para la metodología se recurre al análisis de literatura gris de fuentes de autoridad como la propia OCDE, institutos de investigación como Ada Lovelace Institute e instituciones gubernamentales como la Oficina Europea de IA o el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España.

Los casos de uso analizados en este documento muestran que existe un claro potencial para que la IA, si se gestiona de forma responsable con las salvaguardias necesarias, transforme positivamente la forma en que los gobiernos operan, formulan políticas, prestan servicios y rinden cuentas. También existe una conciencia cada vez mayor de los riesgos asociados al uso de la IA en el sector público. En los últimos años, los gobiernos han emprendido una amplia gama de iniciativas para crear un entorno que permita gobernar de forma responsable con la IA. Las iniciativas van desde el establecimiento de nuevos acuerdos institucionales y estrategias para garantizar el apoyo político y público, hasta el desarrollo de políticas específicas para prevenir y abordar eficazmente los fallos o mitigar los riesgos. Las inversiones en capacidades y mecanismos de supervisión también se reconocen como herramientas fundamentales para desplegar y supervisar eficazmente el uso responsable de la IA. No obstante, es necesario un enfoque más global, coherente y compartido por todos los sectores públicos.