El documento analiza los desafíos y oportunidades que las nuevas tecnologías digitales representan para quienes defienden los derechos humanos. El informe parte de la afirmación de que los derechos reconocidos fuera del entorno digital deben garantizarse también en el ámbito online, subrayando la necesidad de reforzar los mecanismos de protección ante amenazas específicas de la era digital.

Durante su desarrollo se identifican riesgos como la vigilancia arbitraria, los ataques a la privacidad, el mal uso de la inteligencia artificial, el ciberacoso y la criminalización de la actividad de los defensores en entornos digitales. También se aborda el impacto desproporcionado de estas amenazas en defensoras de derechos humanos y grupos vulnerables. El texto promueve el fortalecimiento de la conectividad digital universal, el respeto al cifrado seguro, la reducción de brechas digitales y la garantía de un entorno en línea accesible, abierto y seguro para todas las personas.

Como orientación estratégica, la resolución llama a los Estados a implementar políticas que protejan a los defensores de los derechos humanos en el entorno digital, a combatir el uso indebido de tecnologías de vigilancia y a fomentar una gobernanza tecnológica respetuosa de los derechos fundamentales. Además, destaca la importancia de la colaboración con la sociedad civil y el sector privado para diseñar soluciones que refuercen la resiliencia y el ejercicio efectivo de los derechos en la era digital.