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245			_aDigital Decade Country Report 2024: Spain _c/ Comisión Europea
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520			_aEl informe detalla el progreso de España en 2023 en relación con los objetivos de la Década Digital fijados por la UE para 2030. España aporta una gran contribución a estas metas, con vistas a una digitalización exitosa que fomente la competitividad, la resiliencia, la soberanía, los valores europeos y la acción climática. Para la elaboración del documento se han tenido en cuenta los datos aportados por instituciones gubernamentales españolas, así como los propios informes y encuestas elaborados por la UE. En 2023, España logró avances notables en el aumento de las habilidades digitales básicas y en el uso de la inteligencia artificial por parte de las empresas. El país tiene una excelente cobertura FTTP (95.2% de la población) y 5G (92.3%), y ha tomado importantes medidas en el ámbito de los semiconductores. Sin embargo, persisten desafíos importantes relacionados con la falta de especialistas en TIC y algunos indicadores relacionados con la digitalización de las empresas, incluida la adopción de la nube. No obstante, España está dando pasos positivos para empoderar a las personas y promover oportunidades continuas para todos los individuos en la economía digital. Para cerrar brechas, las tecnologías digitales deben ser accesibles para todos, y eso es lo que el Estado pretende a través de todas las actividades relacionadas con su Plan Nacional de Capacidades Digitales. El objetivo nacional de competencias digitales básicas del 85% de la población para 2030 está por encima del nivel de ambición de la UE, al igual que el valor actual está por encima de la media de la UE (66,2% de la ciudadanía frente al 55,6% en la UE). Por otro lado, es posible mejorar en las capacidades que deben tener los especialistas en TIC, ya que la hoja de ruta establece un objetivo inferior a las expectativas de la UE. En cuanto a los servicios públicos digitales, España aporta una contribución positiva a los objetivos de la Década Digital de la UE tanto en servicios públicos para los ciudadanos (84 puntos porcentuales sobre 100) como para las empresas (91 p.p.), ubicándose muy por encima de la media de la UE (79 p.p. y 85 p.p., respectivamente).
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