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245			_aCiberdelincuencia en España . _bLa soberanía de tus datos en peligro _c/ Ferrer Guillén, Jordi ; EAE Business School
260			_aMadrid : _bEAE Business School _c10/2024
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520			_aEl estudio destaca la creciente amenaza que representa la ciberdelincuencia a nivel mundial y nacional. El análisis también advierte sobre el auge de nuevas amenazas impulsadas por la inteligencia artificial (IA) y la necesidad de reforzar la seguridad digital tanto para empresas como para la ciudadanía. Con el fin de apoyar los argumentos expuestos, el documento se basa en datos de fuentes de autoridad, principalmente instituciones gubernamentales, como el Ministerio del Interior de España, y organizaciones internacionales, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés). Según el informe, las estafas en línea siguen configurándose como el delito más prevalente, con un crecimiento exponencial del 509,1% desde 2016. El 60% de la población española reconoce tener "poco o ningún" conocimiento sobre seguridad y protección de datos personales en línea, lo que refuerza la necesidad de educación y sensibilización en ciberseguridad. Asimismo, la población joven de entre 25 y 34 años (Millennials y Generación Z) figura como el grupo más afectado (61,3%) en cuanto a estafa o intento de estafa. Por otra parte, en los primeros seis meses de 2024, se han registrado 237.240 casos de ciberdelincuencia en España, lo que representa un incremento del 10% respecto al mismo periodo de 2023. Este aumento, que pone en evidencia la creciente sofisticación y frecuencia de los delitos cibernéticos, incluye estafas informáticas, acceso ilegal a sistemas y suplantación de identidad, entre otros. El estudio presenta una serie de recomendaciones para fortalecer la seguridad digital en España, entre las cuales se destaca la necesidad de fomentar la inversión en tecnologías avanzadas de ciberseguridad para combatir el fraude y otros delitos cibernéticos; promover campañas de concienciación dirigidas al público general sobre la importancia de la protección de datos personales; e impulsar una regulación más estricta que obligue a las empresas a implementar protocolos de seguridad robustos y auditables.
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